16.D.2003. La evolución de la Política Agraria Común (PAC) está tomando una tendencia que conlleva a eliminar en sentido práctico el término “Común”. El acuerdo de Jefes de Estado del pasado mes de junio, en el cual se aprobó la reforma de la PAC, incrementando notablemente la subsidiariedad en la aplicación de los diversos mecanismos e instrumentos en los que se basa dicha PAC, supone un refuerzo notable hacia la renacionalización de la política agraria, proceso fuertemente demandado por los países con mayor poder económico en la Unión Europea. Los posteriores reglamentos emanados de dicho acuerdo político están reflejando dicha tendencia de una manera muy clara y peligrosa para los intereses de nuestro país. El reglamento recientemente aprobado sobre el régimen simplificado en relación a las ayudas nacionales constituye un paso más hacia dicha renacionalización.

El reglamento aprobado introduce un sistema de exención por categorías para determinados tipos de ayudas estatales concedidas, dentro de ciertos límites, a los agricultores o empresas transformadoras y comercializadoras de productos agrarios. Esto significa que los Estados miembros ya no tendrán que notificarlas por anticipado a la Comisión ni esperar que ésta las apruebe. El reglamento trata de las ayudas estatales concedidas a las pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector agrario, y teniendo en cuenta la definición de PYME (hasta 250 empleados o un volumen de negocios de 40 millones de euros), quedan incluidas casi todas las explotaciones y empresas del sector agrario. Entre estas ayudas se contemplan las de incorporación de jóvenes, los planes de mejora, las indemnizaciones a zonas desfavorecidas, las ayudas agroambientales, la jubilación anticipada, las ayudas a la transformación, etc.

Con el pretendido objetivo de modernizar y simplificar las normas sobre ayudas estatales y eliminar determinados trámites burocráticos la Comisión, con la presión de los Estados más fuertes de la UE, vuelve a dar un fuerte golpe a la política de cohesión económica y social, en detrimento y notable perjuicio para las regiones más desfavorecidas y por lo tanto para sus agricultores y ganaderos. Aunque la Comisión mantiene que no se producirá una renacionalización de la ayudas, puesto que las normas sobre estos apoyos seguirán aplicándose en toda la UE, lo que si es cierto es que las cuantías de ayuda y el desarrollo de los diversos programas van a suponer un mayor apoyo a los agricultores y ganaderos de los países más ricos de la UE. Por tanto, teniendo en cuenta la situación actual, en la que la aplicación de las diversas medidas de desarrollo rural (planes de mejora, incorporación de jóvenes, ayudas agroambientales, indemnizaciones en zonas desfavorecidas, etc) tienen un grado de aplicación muy inferior en los países más atrasados económicamente (en España estamos en los últimos lugares en la percepción de estas ayudas por agricultor o explotación), la nueva norma provocará un mayor grado diferencial y perjuicio para nuestro territorio y agricultores.