23 de septiembre de 2003. UPA denuncia que el acuerdo sobre precios de las cinco extractoras de girasol que operan en el mercado podría convertir esta campaña en la más desastrosa de las que se recuerdan para el agricultor castellanoleonés, a pesar de que se obtengan rendimientos medios aceptables.
Todos los indicios en UPA nos llevan a creer que las cinco extractoras (Cargill, Moiresa, Olcesa, Koipe y Migasa) podrían haber alcanzado un acuerdo de precios y clientes para tener controlado todo el mercado.

El supuesto pacto consistiría en repartirse los `clientes´ y no dar precios en campo a los agricultores, ni a primeros compradores (cooperativas) y secaderos, con el objetivo de fijar unos precios irrisorios a final de campaña. Estos precios podrían oscilar en torno a los 19 céntimos (32 ptas/kilo), calidad tipo según la tabla Afoex, por lo que el precio real percibido por el agricultor podría situarse en los 17 céntimos (28 ptas/kilo). Estos precios supondrían una reducción del 30 % respecto a los cobrados la campaña pasada.

UPA achaca este descalabro de precios a las importaciones procedentes de Argentina o Ucrania sin apenas aranceles y a las mismas multinacionales que a la vez son extractoras de girasol.
La producción de girasol en Castilla y León podría alcanzar las 140.000 toneladas correspondientes a las 232.000 hectáreas sembradas de girasol en la región. Esta reducción de precios supondría unas pérdidas aproximadas para los agricultores de Castilla y León de más de 10 millones de euros (1.680 millones de pesetas), con el riesgo real de que desaparezca como cultivo alternativo a los cereales en los secanos de la región.