Madrid, 18 de septiembre de 2003. El Partido Popular rechazó el pasado martes, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios al contenido del Proyecto de Ley de reformas económicas del 25 de abril que incluye, entre otros aspectos, el fin del Régimen Especial Agrario de Seguridad Social (REASS). Con la puesta en marcha de estas medidas, los trabajadores por cuenta propia del REASS sufrirán un progresivo aumento en sus cotizaciones, para en el año 2018 igualarlas con las de los trabajadores inscritos en el RETA de la rama agraria. De esta forma, el 80% de los profesionales agrarios del Estado español pagarán un 33,4% más en el 2004 a la Seguridad Social sin que sus precarias prestaciones sociales se vean proporcionalmente mejoradas. Si la cotización mensual durante el actual ejercicio es de 115 euros (19.221 pesetas), el año que viene subirá a 154 Euros (25.683 pesetas), para situarse en el 2018 en torno a los 230 euros mensuales, el doble de lo que cotizan en la actualidad.
A juicio del secretario general de COAG, Miguel López “se trata de un incremento abusivo que, junto con la subida de los costes de producción, la caída de los precios en origen, la nueva Ley de arrendamientos, la Ley de Agricultura y Desarrollo Rural y la reforma de la Política Agraria Común que avala el Gobierno, dibuja un panorama de futuro desolador para el tejido rural. Está claro que las decisiones del señor Aznar quiere convertir a este Estado en un mero proveedor de servicios y desmantelar el sector agrario, sin calcular los riesgos que supone la dependencia de la exterior y el desmantelamiento del rico tejido rural, garante de la seguridad alimentaria y medioambiental”.
Asimismo, el secretario general de COAG ha apuntado que esta reforma “ha sido fruto de una imposición ilegítima del Gobierno ya que con sólo una reunión en el Ministerio de Trabajo con las organizaciones agrarias, legítimas representantes del sector, han dado carpetazo final a un sistema de la Seguridad Social, específico para los agricultores. No se puede despreciar los más de 20 años de existencia del REASS sin que se haya celebrado un debate largo, pausado y productivo entre la administración y las organizaciones profesionales agrarias. Medidas como ésta, que no se ajustan a la verdadera realidad de los profesionales agrarios, hacen inviable el correcto desarrollo del sector”.
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