1 de agosto de 2003. La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, criticó la decisión adoptada hoy en Consejo de Ministros de recurrir la Ley de Modulación de Ayudas Agrarias en Castilla-La Mancha al considerar que la norma regional «protege a los agricultores profesionales, previene el aumento de ‘cazaprimas’ y garantiza que las ayudas agrarias cumplan los fines sociales y de protección del mundo rural que deben orientar estos apoyos».

Para Mercedes Gómez, la decisión del Gobierno español «no se fundamenta en la búsqueda del bien común sino en la defensa de los intereses de un reducido número de grandes propietarios que son los únicos que verán reducidas sus ayudas con la ley de Castilla-La Mancha».

La consejera de Agricultura justificó esta afirmación con el análisis de los datos comparativos entre la norma regional y la que pretende aplicar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Con la aplicación de la Ley de Modulación de Ayudas Agrarias en Castilla-La Mancha sólo se aplicará el porcentaje reductor de las subvenciones a 3.290 propietarios de explotaciones (un 2,4% del total regional), al ser los únicos que reciben anualmente más de 30.000 euros del FEOGA-Garantía, e incluso con este nivel de ingresos quedarán exentos de la modulación los agricultores a título principal y los profesionales de la agricultura que tengan inscritas sus parcelas en el Registro de explotaciones prioritarias. Sin embargo, con el modelo defendido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la reducción de ayudas afectará a 26.688 agricultores de Castilla-La Mancha (el 19,6% del total) que son quienes reciben más de 5.000 euros anuales.

Mercedes Gómez defendió que «en Castilla-La Mancha hemos buscado una función social y redistributiva de la que adolece el proyecto del Gobierno español, que penaliza a los agricultores profesionales que deberían ser su prioridad en la política de apoyos, porque nadie que ingrese menos de 5.000 euros por ayudas comunitarias puede tener a la agricultura y ganadería como fuentes principales de su renta». La consejera de Agricultura concluyó que «se quiere cargar en muchos la reducción de subvenciones que sólo deberían sufrir los pocos que tienen las tierras con fines alejados del desarrollo del sector agrario».

La viabilidad económica y presupuestaria es otra de las razones que respaldan la norma regional frente a las intenciones del Gobierno central, según la consejera de Agricultura: «Con el modelo regional se recaudarían 41 millones de euros, que serían destinados a otras medidas de desarrollo rural, mientras que en proyecto defendido por el Ministerio sólo recauda 24,5 millones de euros para dedicar a estas actuaciones complementarias».

En cuanto a la justificación jurídica del recurso de inconstitucionalidad, Mercedes Gómez defendió el respeto de la ley regional al ordenamiento jurídico español y las competencias de Castilla-La Mancha para regular la aplicación de la modulación, que se adapta al articulado del Reglamento 1259/1999 del Consejo de Ministros de la UE -por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agraria Común- que permite la aplicación de una modulación de las ayudas de manera voluntaria por cada uno de los países miembros.